Foto: Roberto Erpel
Intendente Región de Arica y Parinacota
Le llueve sobremojado al Intendente de la región de Arica y Parinacota Roberto Erpel Seguel ya que tras el escándalo que lo envuelve luego que la Contraloría General de la República declarara ilegal la adjudicación y contrato que suscribió con la empresa ariqueña “Sociedad Tobar y Tobar Ltda”. por la compra de 22.375 cajas de alimentos cuya suma haciende a los casi 900 millones de pesos.
Pedro Tobar León propietario de la empresa: “Sociedad Tobar y Tobar Ltda.” presentó un Recurso de Protección ante la Corte Suprema de Arica en contra del Intendente Regional Roberto Erpel Seguel esgrimiendo una serie de argumentos en relación al término de contrato entre su empresa y la Intendencia que ya es de público conocimiento.
Algunos de los aspectos del escrito señalan que:
– No obstante al cumplimiento ya del contrato suscrito, el Intendente Roberto Erpel sin considerar el daño a la población que estaba a la espera de la asistencia gubernamental, en un acto sin precedentes se pone termino anticipado al Contrato firmado por ambas partes en los términos establecidos en la letra H) de la cláusula décimo primero del contrato.
– La Intendencia pone término anticipado del contrato, señalando fundarse “en los términos establecidos en la letra H) de la cláusula décimo primera del contrato” (SIC); en este sentido, la Cláusula “Décimo Primera” del contrato de fecha 22 de mayo de 2020, solo se refiere a la personería con que actúan el Intendente Regional por una parte y el recurrente Pedro Andrés Tobar León por la otra; no conteniendo dicha cláusula décimo primera ninguna letra “H)” de modo que la decisión carece de fundamento jurídico lo que la hace un acto administrativo arbitrario e ilegal; además, de vulnerar las garantías constitucionales en que se funda el presente recurso.
– Tanto la decisión unilateral de la Intendencia Regional de “suspender la entrega de canastas familiares” comunicada mediante Oficio sin número de 13 de junio de 2020; como la decisión de poner término anticipado al contrato constituyen los actos de autoridad arbitrarios e ilegales, que motivan el presente recurso.
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