Servicio deberá reintegrar a profesional que demandó por despido arbitrario y lesión de sus derechos de igualdad y no discriminación.
El Juzgado de Letras del Trabajo de Arica condenó a la gobernadora provincial, Mirtha Arancibia Cruz por lesionar los derechos fundamentales de igualdad y no discriminación, así como la libertad de trabajo, del ex asistente social de esa repartición pública, Ismael Ojeda, luego que este realizara una denuncia de tutela de derechos fundamentales en su contra, por no renovación de su contrato para 2019.
Según el Tribunal, este despido determinado por Arancibia –como representante legal de la Gobernación- “fue un acto discriminatorio fundado en una decisión arbitraria” que vulneró los derechos fundamentales del profesional.
De acuerdo con el fallo, contenido en la causa rol T-4-2019, fue vulnerada la garantía constitucional de no discriminación, tras establecerse que el despido de Ojeda fue determinado sin que existieran fundamentos objetivos, razonados y debidamente acreditados para dicha decisión.
“Consecuentemente, habiéndose vulnerado el derecho fundamental del actor a la no discriminación, por cuanto se optó por no renovar la contrata del actor para el año 2019, sin que existan fundamentos objetivos, razonados y debidamente acreditados para dicha decisión, se dará lugar a la denuncia interpuesta, debiendo la denunciada reincorporar al actor en igual condición, destinación o lugar de desempeño, grado, funciones, que detentaba antes del hecho lesivo denunciado por este intermedio, incluidas todas las prestaciones, incentivos y/o bonificaciones a que como funcionario hubiere tenido derecho hasta la época de su desvinculación, más las remuneraciones, que haya dejado de percibir mientras estuvo apartada de su trabajo”, determinó el Tribunal.
Seguridad del empleo
Luego de la sentencia, la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, de la Región de Arica y Parinacota se manifestó sobre la urgente necesidad de establecer una estructura o normativa que asegure el empleo público en el Estado, y recordó el masivo despido de funcionarios y funcionarias ocurrido durante los últimos meses de 2018.
“Es necesario que se restrinjan las posibilidades de que las autoridades de turno puedan ejercer arbitrariedades o discriminaciones hacia los trabajadores y trabajadoras del Estado, diferenciándolos de aquellos que se asumen desde un inicio como cargos de confianza en cada administración”, enfatizó Guisselle Kunz, presidenta regional de la ANEF.
La dirigenta agregó que “esperamos que las autoridades de Gobierno de la Región y del nivel central tomen prontas y drásticas medidas frente a este hecho puntual que ha sido resuelto por el Tribunal Laboral de Arica, y que es la consecuencia de una serie de acciones que hemos venido denunciando desde hace bastante tiempo a la intendenta regional, María Loreto Letelier”.
Según estableció el Tribunal ariqueño, la gobernadora Mirtha Arancibia deberá “reincorporar o recontratar al denunciante, durante el período que va desde el 01 de enero hasta el día 31 de diciembre de 2019, en igual condición, destinación o lugar de desempeño, grado y funciones que detentaba antes del hecho, incluyendo todas las prestaciones, incentivos y/o bonificaciones a las que como funcionario hubiere tenido derecho hasta la época de su desvinculación, más las remuneraciones que haya dejado de percibir mientras estuvo apartado de su trabajo”.
Finalmente, la dirigente regional de la ANEF declaró que “si una autoridad de Gobierno vulnera los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras del Estado, ésta debe ser separada de su cargo, y la misma medida debiera adoptarse respecto de todas las autoridades que –en el día a día- ejercen menoscabo y maltrato en los diferentes servicios de la administración del Estado en la Región”.