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El Fiscal Nacional Jorge Abbott inició un sumario administrativo para que indague el delito de fraude al fisco en la Intendencia de Coquimbo por la compra irregular de unos terrenos a un grupo inmobiliario por $9.800 millones. La intendenta de la región, Lucía Pinto (UDI), confirmó que pasó por encima de Contraloría, pero asegurando que todo se hizo de forma transparente.


El Fiscal Nacional, Jorge Abbott, designó a la perseguidora regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, para investigar un nuevo fraude al fisco, esta vez, en la Intendencia de Coquimbo.

Las diligencias iniciadas pretenden esclarecer el presunto delito que la intendenta de la IV Región, Lucía Pinto (militante UDI) al haber adquirido un terreno por $9.800 millones a una empresa inmobiliaria, aun cuando su tasación apenas superaba los 4 mil millones y los intentos previos de compra habían sido rechazados por la Contraloría.


“Aun cuando en cuatro ocasiones, la Contraloría declaró ilegal el trato directo para la compraventa de un terreno destinado a la construcción de un centro deportivo, el Gobierno Regional llevó a cabo la operación con un particular, sin la toma de razón correspondiente. Prescindir del control jurídico de la Contraloría General de la República, cuando hay recursos públicos involucrados por más de 9 mil millones de pesos es de extrema gravedad”.

Respuesta de Contraloría a Radio Bio-Bio. 


La decisión adoptada por Abbott se basó en una presentación reservada que realizó el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, el pasado 3 de septiembre. En ella, el organismo fiscalizador dio cuenta que la adquisición de tierras por parte del Gobierno Regional (GORE) se realizó sin que el contrato pasara por la “toma de razón”, trámite obligatorio e ineludible, sobre todo cuando los recursos públicos involucrados son así de elevados.

Según el reportaje de Radio Bio-Bio, se estableció que la compra se resolvió a finales de 2019, mientras que en 2020 tanto este último como otros tres contratos aprobados para la compra, fueron rechazados uno tras otro por el organismo fiscalizador. En suma, en cuatro oportunidades se le indicó a la autoridad que no podía gastar el dinero fiscal a su arbitrio.

Para la Fiscalía, lo más grave de esta acusación es que el monto fue pagado íntegramente el pasado 28 de julio a la empresa vendedora –cuyo contrato fue inscrito en una notaría local a escondidas para obviar el control de legalidad–, sin que la Unidad de Finanzas del GORE explicara las razones (solo explicando que fue “trato directo”), pese a que le fueron requeridas oficialmente.

Por esta razón se inició un sumario administrativo contra la intendenta Pinto –y eventualmente a otros funcionarios– ya que es la jefa superior del servicio y las notificaciones de rechazo a la compra le eran notificadas a ella.

 

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